Procuraduría de San Román reporta 3,500 procesos y anuncia continuidad de lanzamiento en Micaela Bastidas

El procurador público de la Municipalidad Provincial de San Román, Walter Mamani Pacori, informó que su despacho mantiene actualmente una carga procesal cercana a 3,500 expedientes, entre procesos penales, civiles, contencioso-administrativos y arbitrales.

Respecto a los informes emitidos por la Contraloría y el Órgano de Control Institucional (OCI) sobre presuntas irregularidades en obras o acciones municipales, Mamani Pacori precisó que, durante el presente año, ningún informe de este tipo ha sido remitido directamente a la Procuraduría Municipal.

Explicó que los casos relacionados con presuntos delitos contra la administración pública, como negociación incompatible, colusión o peculado, corresponden a la Procuraduría Anticorrupción, mientras que la Procuraduría Municipal atiende principalmente delitos comunes que afectan los intereses de la comuna.

El funcionario señaló que su despacho sí viene impulsando denuncias penales cuando identifica presuntos delitos como abuso de autoridad u omisión de funciones por parte de funcionarios, dentro de las competencias que le corresponden.

Sobre la elevada carga procesal, indicó que varios expedientes continúan en trámite debido a que la Procuraduría busca llevar los procesos hasta las últimas instancias judiciales, incluso ante la Corte Suprema cuando corresponde.

En otro momento, se refirió al proceso de lanzamiento de comerciantes de la zona de la plaza Micaela Bastidas, ubicada en inmediaciones del terminal terrestre, señalando que inicialmente la Policía había emitido una opinión favorable para ejecutar el auxilio policial solicitado por la municipalidad.

Sin embargo, explicó que los comerciantes presentaron una oposición ante la Policía, argumentando la existencia de un proceso judicial relacionado con el área. Esta situación llevó a que el apoyo policial fuera denegado temporalmente.

Mamani Pacori sostuvo que la Procuraduría viene preparando nuevamente la documentación necesaria para continuar con el procedimiento, pues considera que existen argumentos legales para sostener la intervención municipal.

El procurador remarcó que, desde la posición de la Municipalidad, la avenida Perú constituye una vía pública que no puede ser ocupada de manera permanente, por lo que una controversia judicial sobre determinados espacios no debería impedir la recuperación de una avenida o calle de uso público.

Finalmente, aseguró que el proceso de lanzamiento continuará, al señalar que la municipalidad debe hacer cumplir las disposiciones legales respecto a la ocupación de calles y avenidas. “Tiene que continuar”, afirmó al ser consultado sobre el futuro de la intervención.