Cesantes y jubilados de Educación exigen reglamentación de ley para acceder a nueva escala magisterial

Los docentes cesantes y jubilados de la provincia de San Román demandaron al Gobierno nacional acelerar la reglamentación de la Ley N.° 32581, norma que, según señalaron, permitiría atender sus demandas económicas y establecer el pago correspondiente a la primera escala magisterial.

Francisco Torres Almanza, presidente de la Asociación Provincial de Cesantes y Jubilados de Educación, base San Román, sostuvo que este sector ha sido postergado durante varios gobiernos y que sus integrantes no han recibido una atención acorde con los años de servicio prestados al sistema educativo. Precisó que actualmente la asociación cuenta con 148 docentes cesantes y jubilados afiliados en la provincia de San Román, mientras que a nivel regional la cifra supera los 500 y, según sus estimaciones, a nivel nacional serían alrededor de 6 mil 400.

Torres Almanza explicó que su principal pedido es que se concrete la reglamentación de la Ley N.° 32581, aprobada por el Congreso el año pasado. Indicó que, una vez reglamentada, buscan que se haga efectivo el pago correspondiente a la primera escala magisterial, beneficio que —según manifestó— aún no se materializa debido a la falta de reglamentación.

El dirigente señaló que vienen realizando gestiones desde hace aproximadamente 18 años y que algunos docentes llevan entre 15 y 20 años como cesantes sin haber obtenido una respuesta favorable a sus demandas. Asimismo, cuestionó que las autoridades educativas, entre ellas la UGEL San Román y la Dirección Regional de Educación, no hayan atendido oportunamente sus reclamos.

Respecto a las acciones que vienen desarrollando, informó que el 10 de septiembre sostuvieron conversaciones con representantes del Gobierno Regional de Puno y se habría conformado una mesa técnica para analizar una propuesta de cumplimiento. Entre las alternativas planteadas por los jubilados figura que el pago pueda ejecutarse durante el presente año y continuar en febrero y octubre del próximo año.

Torres Almanza manifestó que existe expectativa de que las autoridades del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía atiendan el pedido y concreten la reglamentación. Sin embargo, advirtió que, de no obtener una respuesta favorable, los cesantes y jubilados evaluarían radicalizar sus medidas de protesta y coordinar acciones con los docentes en actividad, incluyendo la posibilidad de respaldar una paralización nacional.

Finalmente, el dirigente señaló que una delegación de los jubilados de Puno viajará a Lima para reforzar las gestiones que realizan sus representantes nacionales. “Con la lucha se consigue, sin lucha no hay victoria”, afirmó, al remarcar que continuarán movilizándose hasta conseguir la implementación de la norma.