Gobierno propone llevar a presos de baja peligrosidad a galpones militares para vaciar las cárceles

En el marco de las solicitudes de facultades legislativas presentadas al Parlamento para reformar el sistema penitenciario y la seguridad ciudadana, el Ejecutivo —encabezado por la presidenta de la República, Keiko Fujimori— propuso el traslado de reclusos procesados o sentenciados por delitos de menor peligrosidad hacia hangares temporales acondicionados en recintos militares en desuso.

Por un lado, la iniciativa apunta a descongestionar los establecimientos penitenciarios y focalizar el control en reclusos de alta peligrosidad. De acuerdo con las estadísticas del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP) correspondientes a mayo de 2026, un total de 2,672 personas se encontraban recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria, cifra que abarca a 710 procesados y 1,962 sentenciados. Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, precisó que el Ministerio de Defensa ya realiza coordinaciones para adecuar infraestructura militar inactiva bajo estrictos estándares de seguridad.

Por otro lado, el paquete normativo contempla medidas punitivas más severas, como la restricción de beneficios de reducción de pena por terminación anticipada para delitos de extorsión, sicariato y secuestro. Asimismo, ante el déficit de personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) —que actualmente opera con poco más de 7,000 agentes—, el Gobierno busca autorizar el despliegue excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de las cárceles, liberando al personal civil para el control interno de los penales