Dictan nueve meses de prisión preventiva para tres policías y un civil investigados por robo agravado en Juliaca

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román–Juliaca dictó nueve meses de prisión preventiva contra los agentes policiales Jhon Bernal, Giancarlo Bobadilla y Micheel Calisaya, así como contra el civil Cristian Mamani, investigados por el presunto delito de robo agravado en agravio de Jorge M. Z.

Según la tesis del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 3 de octubre de 2026, alrededor de las 15:30 horas, cuando los investigados habrían llegado al domicilio del agraviado, ubicado en la urbanización Santa Adriana de Juliaca, a bordo de dos vehículos y utilizando prendas y chalecos policiales. Presuntamente, habrían simulado una intervención y, sin contar con orden judicial ni autorización, ingresaron por la fuerza al inmueble, donde habrían amenazado con armas de fuego al agraviado y a su hijo.

La Fiscalía sostiene que posteriormente el agraviado fue trasladado hacia los pisos superiores de la vivienda, donde los investigados le habrían exigido, bajo amenazas, una mochila y dinero. En el tercer piso, presuntamente registraron una habitación y sustrajeron 10 mil soles en efectivo. Los gritos de auxilio y el llanto de los menores alertaron a los vecinos, quienes rodearon el inmueble e impidieron que los investigados escaparan hasta la llegada de las autoridades. Durante las diligencias se encontraron armas de fuego y otros objetos que serían materia de investigación.

Durante la audiencia, el magistrado José Enrique Ríos Núñez evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y los argumentos de las partes. El juzgado concluyó que existen graves y fundados elementos de convicción que vincularían a los cuatro investigados con los hechos materia de investigación.

Asimismo, consideró que existe peligro de fuga, debido al presunto intento de evasión y a la falta de arraigos suficientes que garanticen su permanencia durante el proceso penal. También tomó en cuenta que la eventual pena a imponerse sería superior a 15 años de prisión.

Con estos fundamentos, el juzgado ordenó que los tres policías y el civil sean internados en el establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras continúan las investigaciones por el presunto robo agravado.