Corrupción y contrataciones deficientes: las trabas que dejan obras inconclusas en Puno
Las obras públicas deberían traducirse en mejores servicios, infraestructura y oportunidades para la población. Sin embargo, en Puno, los cuestionamientos sobre la corrupción y la contratación de empresas sin el perfil adecuado vuelven a poner en discusión la capacidad de las…
Las obras públicas deberían traducirse en mejores servicios, infraestructura y oportunidades para la población. Sin embargo, en Puno, los cuestionamientos sobre la corrupción y la contratación de empresas sin el perfil adecuado vuelven a poner en discusión la capacidad de las instituciones para administrar los recursos del Estado y garantizar que los proyectos lleguen a buen término.
El abogado puneño Jacinto Verástegui Velarde advirtió que estas deficiencias dificultan la culminación de obras y perjudican directamente a la ciudadanía. Cuestionó que algunas entidades permitan la participación de contratistas que no reunirían las condiciones necesarias para ejecutar los proyectos, una situación que, según señaló, compromete el uso eficiente del presupuesto público y contribuye a que las obras queden inconclusas.
Vigilancia ciudadana para proteger los recursos públicos
Frente a este panorama, Verástegui planteó la necesidad de fortalecer la participación de la sociedad civil en la supervisión de las contrataciones públicas. La propuesta apunta a que la ciudadanía tenga un papel más activo en la vigilancia de los procedimientos de selección y en el seguimiento de la ejecución de los proyectos, con el propósito de promover la transparencia y exigir responsabilidades cuando se detecten irregularidades.
El planteamiento pone sobre la mesa un desafío que va más allá de la adjudicación de contratos: garantizar que las inversiones respondan a necesidades concretas y que los recursos públicos se traduzcan en resultados verificables para la población.
Producción y formación técnica como prioridades
El abogado también propuso orientar mayores esfuerzos hacia la producción, el fortalecimiento de las pequeñas empresas y el acceso gratuito a la formación técnica. Desde su perspectiva, estas áreas deben recibir atención prioritaria para generar oportunidades económicas y contribuir al desarrollo de la región.
La propuesta supone mirar el presupuesto público no solo como una herramienta para financiar obras, sino también como un instrumento para impulsar capacidades productivas y ampliar las oportunidades de la población. En ese contexto, la calidad del gasto y la elección de proyectos con beneficios concretos resultan aspectos fundamentales.
