Puno se mantiene como la segunda región con más conflictos sociales en el Perú
La jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Tania Cáceres Ortega, informó que, de acuerdo con el último reporte N° 269 emitido por la Defensoría del Pueblo, la región continúa ocupando el segundo lugar a nivel nacional en términos de conflictividad social.

La jefa de la Oficina Defensorial de Puno, Tania Cáceres Ortega, informó que, de acuerdo con el último reporte N° 269 emitido por la Defensoría del Pueblo, la región continúa ocupando el segundo lugar a nivel nacional en términos de conflictividad social. Según el documento, Puno registra un total de 21 conflictos sociales, de los cuales 19 se encuentran activos y 2 permanecen en estado latente.
A nivel nacional, el panorama es aún más complejo, contabilizándose 150 conflictos activos y 41 latentes. Respecto a la situación regional, Cáceres Ortega precisó que la cifra de 21 casos se ha mantenido constante durante los últimos tres informes mensuales. "Estamos monitoreando y en alerta temprana tratando de que no haya un escalamiento, sino más bien que se mantenga", señaló la funcionaria, resaltando la labor de prevención que realiza su oficina para evitar que surjan nuevos focos de crisis.
En cuanto a la naturaleza de las controversias, la jefa defensorial detalló que la mayoría de los conflictos en Puno son de carácter socioambiental. A estos le siguen los problemas vinculados a la minería ilegal, con especial incidencia en zonas críticas como La Rinconada, Ananea y la selva de Puno, donde comisionados especializados realizan labores de mediación. Asimismo, persisten disputas por demarcación territorial y otros temas de gestión pública.
Cáceres Ortega hizo un llamado a las autoridades para que pongan mayor empeño en la resolución de estos casos. Indicó que el Gobierno Regional tiene la responsabilidad directa en los temas de demarcación, mientras que los diversos ministerios del Ejecutivo deben intervenir en los conflictos socioambientales y de minería ilegal.
Finalmente, la Defensoría advirtió que se encuentran monitoreando de cerca el malestar ciudadano provocado por el incremento del precio del combustible. Cáceres señaló que el alza del petróleo impacta directamente en las empresas de transportes y podría acarrear un aumento en el precio de los pasajes, situación que ya está generando manifestaciones de reclamo y que podría derivar en nuevos conflictos sociales ante el perjuicio económico para la población.