Pequeños mineros cuestionan proyecto de nueva ley y advierten riesgo de conflicto social por falta de formalización

La discusión sobre la nueva Ley de Minería vuelve a poner en el centro del debate a los pequeños productores mineros y mineros artesanales del país. Gladys Tapia Medina, presidenta de la Asociación Multisectorial e Interdisciplinaria del Perú de la Pequeña Minería, cuestionó el proyecto legislativo presentado ante el Congreso de la República y advirtió que la propuesta no respondería a las demandas de un sector que lleva más de 20 años buscando su formalización.

Según Tapia, las iniciativas planteadas por las organizaciones de pequeños mineros habrían sido modificadas durante la elaboración del proyecto, alterando su sentido original. La dirigente atribuyó estos cambios a la influencia de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y expresó su preocupación por el contenido de la propuesta, al considerar que no refleja las necesidades de quienes desarrollan esta actividad a pequeña escala.

Para la representante gremial, la pequeña minería y la minería artesanal cumplen un papel importante en la economía peruana, especialmente en las zonas donde las oportunidades laborales y la presencia de otras actividades productivas son limitadas. Sostuvo que los ingresos obtenidos por miles de familias mineras también se destinan a la agricultura y la ganadería, actividades que contribuyen a cubrir sus necesidades básicas y sostener sus economías familiares.

En ese contexto, Tapia advirtió que las medidas que, desde su perspectiva, restringen el desarrollo de la pequeña minería podrían agravar las tensiones sociales. Planteó que cualquier reforma debe considerar la realidad económica de los productores y evitar que miles de personas queden sin una alternativa de subsistencia. Sin embargo, precisó que defender la continuidad de esta actividad no significa respaldar la explotación laboral ni la contaminación ambiental.

Por el contrario, la dirigente sostuvo que es posible avanzar hacia una minería con menores impactos ambientales mediante la incorporación de tecnología y mecanismos de control adecuados. En esa línea, señaló que existen experiencias internacionales orientadas a reducir los daños ambientales y consideró necesario promover soluciones que permitan compatibilizar el trabajo minero con la protección del entorno.

La preocupación del sector también está relacionada con el plazo del proceso de formalización minera, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026. Tapia alertó que, si no se adoptan decisiones oportunas, miles de pequeños mineros y mineros artesanales podrían quedar en una situación de incertidumbre, mientras el proyecto de nueva ley continúa pendiente de debate en el Congreso.

De acuerdo con sus declaraciones, la propuesta legislativa fue presentada el lunes y las actividades previstas para su discusión habrían sido suspendidas, por lo que se evaluaba retomarlas la semana siguiente. Ante este escenario, pidió que el Parlamento impulse una norma de carácter urgente que permita dar continuidad al proceso de formalización y establecer condiciones para la sostenibilidad de la pequeña minería.