Denuncian a alcalde de Puno y funcionarios por presunta usurpación tras demolición de estructuras en el Politécnico Huáscar
Enrique Calmet denunció por el presunto delito de usurpación al alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce Roque, al gerente de Desarrollo Urbano, al procurador municipal, al procurador del Gobierno Regional de Puno y al director de la UGEL Puno, luego de la…
Enrique Calmet denunció por el presunto delito de usurpación al alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce Roque, al gerente de Desarrollo Urbano, al procurador municipal, al procurador del Gobierno Regional de Puno y al director de la UGEL Puno, luego de la demolición de estructuras metálicas ubicadas en los terrenos de la institución educativa Politécnico Huáscar, realizada el 9 de enero del presente año por la comuna provincial. Según lo señalado en la denuncia, el empresario señaló que habría sido afectado por la demolición de linderos y la presunta sustracción de patrimonio. 
Como parte de las diligencias, para este viernes 16 de octubre se programó una inspección policial en el lugar donde se habrían producido los hechos denunciados. Sin embargo, la constatación no llegó a realizarse debido a la inasistencia del representante del Ministerio Público y del denunciante presuntamente agraviado.
Hasta el lugar acudió Cristian Palomino, abogado del alcalde Javier Ponce Roque, quien manifestó que la Municipalidad Provincial de Puno actuó en el ejercicio de sus funciones. El abogado sostuvo que, desde su perspectiva, en la zona no se observarían evidencias de una posesión previa por parte del denunciante.
Palomino indicó que el delito de usurpación requiere que exista una posesión previa que haya sido interrumpida, perturbada o de la que se haya despojado a una persona, por lo que consideró que los hechos denunciados deben evaluarse conforme a las circunstancias del caso. Asimismo, precisó que la denuncia también comprende a otros funcionarios por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, el procurador de la Municipalidad Provincial de Puno cuestionó los fundamentos presentados por el empresario y calificó la denuncia como un acto de represalia. La inspección policial tenía como objetivo verificar las condiciones del terreno y recoger elementos relacionados con la presunta afectación denunciada; no obstante, al no concretarse la diligencia, queda pendiente el desarrollo de las actuaciones que correspondan a las autoridades competentes.