Analista Alberto Quintanilla cuestiona el modelo económico y la política de seguridad vinculada al fujimorismo

El analista político Alberto Quintanilla abordó diversos temas de coyuntura nacional e internacional, entre ellos la próxima llegada del papa León XIV al Perú y la estrategia del Gobierno frente al avance de la delincuencia. En sus declaraciones, destacó el mensaje social que, a su juicio, representa el pontífice, al recordar su participación en la Marcha de los Cuatro Suyos contra el régimen de Alberto Fujimori y sus pronunciamientos a favor de una economía al servicio de las personas y no al contrario.

Quintanilla sostuvo que las reflexiones del papa cuestionan la concentración de la riqueza, la desigualdad económica y la corrupción en la gestión pública. Asimismo, consideró que su mensaje constituye un llamado de atención para los gobernantes y dirigentes políticos, entre ellos Javier Milei y Keiko Fujimori, en un contexto mundial marcado por los conflictos bélicos y el incremento de la industria armamentista.

Cuestiona estrategia contra la delincuencia

En otro momento, el analista se refirió a la agresión sufrida por 13 personas en La Pampa, región Madre de Dios, y cuestionó los métodos empleados para combatir la delincuencia. Según Quintanilla, las intervenciones indiscriminadas recordarían las prácticas aplicadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, cuando se realizaban detenciones masivas bajo la justificación de identificar a presuntos integrantes de organizaciones terroristas, aunque también terminaban afectando a personas inocentes.

El analista también cuestionó la orientación política de Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana, al considerar que existiría continuidad con el enfoque de su padre. Advirtió que priorizar las detenciones masivas y la presentación de resultados inmediatos, sin fortalecer la inteligencia y la investigación policial, podría conducir a repetir errores del pasado.

De esta manera, Quintanilla planteó cuestionamientos tanto al modelo económico como a las políticas de seguridad, poniendo en debate la necesidad de que las decisiones del Estado prioricen los derechos de las personas, la justicia y el bienestar de las mayorías.