Minería ilegal avanza en Puno y otras regiones.

El incremento del precio del oro y las limitaciones de fiscalización favorecen la expansión de esta actividad, según el análisis proporcionado. En Puno, una intervención policial en Yanahuaya permitió hallar maquinaria pesada y cinco campamentos vinculados presuntamente a la extracción aurífera.

La minería informal e ilegal continúa expandiéndose en distintas regiones del Perú y genera preocupación por sus efectos ambientales y las dificultades del Estado para controlar esta actividad. A Puno, Madre de Dios, Arequipa y La Libertad se suman nuevos focos identificados en Cusco, Apurímac, Cajamarca, Piura, Loreto, Huánuco y Amazonas.

En la región Puno, una intervención policial en el distrito de Yanahuaya, provincia de Sandia, permitió identificar una presunta zona de minería ilegal, donde se hallaron maquinaria pesada y cinco campamentos vinculados a la extracción de oro. El caso vuelve a poner en discusión la presencia de actividades mineras fuera de los mecanismos de control estatal en zonas de la región.

Otro hecho que generó preocupación fue la incautación de un lingote de oro de 5,31 kilos, valorizado en más de 600.000 dólares y cuyo destino era India, según la información proporcionada. Este caso reavivó las alertas sobre las rutas de procesamiento y comercialización del mineral, aunque no se han detallado aquí las circunstancias completas de la intervención.

Minería ilegal también avanza en otras regiones

Las cifras reportadas en otras partes del país muestran la dimensión del problema. En Cajamarca se realizaron más de 200 intervenciones contra la minería ilegal durante 2025. En Apurímac, se registraron 21 casos presuntos entre enero de 2024 y mayo de 2026 en la provincia de Aymaraes.

En Loreto, un reporte de monitoreo identificó 1.518 registros históricos de dragas entre 2017 y 2026. De ese total, 704 corresponden a los años 2025 y 2026, lo que evidencia la presión que estas actividades ejercen sobre los ríos amazónicos. La interpretación de estas cifras requiere considerar la metodología y el alcance del monitoreo.

El analista Iván Arenas advirtió que los corredores vinculados a estas actividades no se limitan al oro, sino que también abarcan minerales como cobre, zinc, plata, estaño y carbón. Según su análisis, las operaciones involucran a extractores, compradores, financiadores y plantas procesadoras, con posibles vínculos con el lavado de activos y la corrupción.

Cuestionan los resultados del Reinfo

Por su parte, Jacinto Ticona Huamán, exrepresentante de la Defensoría del Pueblo en Puno, cuestionó los resultados del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las limitaciones de las instituciones responsables de fiscalizar el sector.

El escenario plantea desafíos relacionados con el control de las operaciones mineras, la trazabilidad del mineral comercializado, la supervisión de las plantas de beneficio y la protección de los ecosistemas afectados.

Para Ticona, una reforma integral del sector debería convertirse en una prioridad del próximo Gobierno y del Congreso. La discusión cobra especial relevancia para Puno, donde la actividad minera y sus impactos ambientales representan asuntos de interés público.