Vecinos del barrio Magisterial Taparachi denuncian presunta venta irregular de terrenos y exigen cambio de directiva

Vecinos del barrio Magisterial Taparachi realizaron este viernes un plantón en los exteriores del Poder Judicial para exigir transparencia en el proceso judicial relacionado con una medida cautelar que busca esclarecer presuntas irregularidades en la administración y venta de terrenos de la asociación. Los manifestantes demandaron la salida de su actual presidente, Johnny Quispe Lope, la conformación de una nueva junta directiva y la rendición de cuentas sobre el dinero que, según denunciaron, habría sido obtenido por la venta de lotes sin autorización de los asociados.

Durante la protesta, los vecinos acusaron a Quispe Lope de disponer presuntamente de al menos seis terrenos y señalaron que el monto involucrado superaría el medio millón de soles, según sus propios cálculos. Asimismo, mencionaron al vicepresidente Samuel Tumi Tito como presunto implicado en los hechos cuestionados. Los manifestantes sostuvieron que algunos lotes pertenecerían a asociados fallecidos cuyos terrenos habrían quedado desocupados, situación que presuntamente habría sido aprovechada para cercarlos y venderlos a terceros. Estas acusaciones deberán ser esclarecidas por las instancias correspondientes.

Otro de los principales cuestionamientos está relacionado con la presunta donación de terrenos al Colegio de Comercio 32. Según los vecinos, la transferencia comprendería entre tres y cuatro lotes, aunque exigieron que se investiguen las condiciones en las que se habría realizado y si contó con la autorización de los asociados. También cuestionaron la participación de la UGEL San Román en este procedimiento y pidieron que se esclarezca la situación legal de los predios. Los manifestantes afirmaron que las decisiones se habrían tomado sin consultar a la mayoría de los integrantes del barrio.

Los denunciantes también cuestionaron la continuidad de Quispe Lope en la presidencia, al sostener que habría sido reelegido el año pasado sin una convocatoria regular para elegir al comité electoral. Además, señalaron presuntas irregularidades en el libro de actas y manifestaron que cuentan con documentos que, a su criterio, respaldarían sus reclamos. A ello se suma la preocupación por la situación legal del terreno donde se encuentra el local de la asociación, debido a que, según indicaron, habría aparecido un tercero que reclama la propiedad del predio.

La medida cautelar será evaluada este lunes 19 de octubre en el Juzgado Civil, donde despacha el magistrado Andrés Carita Quispe. Los vecinos esperan que la instancia judicial examine la documentación presentada y determine las medidas que correspondan. Asimismo, solicitaron que se permita la conformación de un nuevo comité electoral para elegir democráticamente a una junta directiva con participación de los asociados.

Finalmente, los manifestantes advirtieron que continuarán vigilantes del proceso judicial hasta que se esclarezca la situación de los terrenos, se rindan cuentas sobre las presuntas ventas y se determine la legalidad de las decisiones adoptadas por la actual dirigencia. También exigieron que, de comprobarse irregularidades, los predios y los recursos económicos sean recuperados en beneficio de la asociación.