Víctimas del 9 de Enero rechazan tesis que los vincularía con saqueos y actos vandálicos en Juliaca

Raúl Samillán Sanga exige a candidata a la vicegobernación, Morelia Apaza Mamani, sustentar sus afirmaciones y cuestiona que la investigación académica no haya recogido testimonios de familiares ni de afectados.

Los integrantes de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero de Juliaca realizaron una movilización por las principales calles de la ciudad y llegaron hasta la Plaza de Armas para rechazar una tesis atribuida a Yashyra Morelia Apaza Mamani, candidata a la vicegobernación de Puno, en la que, según denunciaron, se vincularía a los manifestantes de las protestas de enero de 2023 con presuntos saqueos, invasiones de domicilios y daños a la propiedad privada.

El presidente de la asociación, Raúl Samillán Sanga, calificó estas afirmaciones como una forma de estigmatización y cuestionó que se pretenda responsabilizar a las víctimas y manifestantes por los hechos ocurridos durante las jornadas de protesta del 9 de enero de 2023, que dejaron fallecidos y numerosos heridos en Juliaca.

El dirigente exigió a Morelia Apaza Mamani que dé explicaciones públicas y presente las fuentes que sustentan las conclusiones de su investigación. Sostuvo que la autora no habría recogido testimonios de los familiares de las víctimas, personas heridas ni habitantes de las viviendas ubicadas en los alrededores del aeropuerto Manco Cápac, donde se registraron daños materiales durante las protestas.

Samillán afirmó que, después de los hechos, los familiares recorrieron las viviendas de la zona para solicitar videos e información que permitieran esclarecer lo sucedido. Según indicó, encontraron inmuebles con ventanas destruidas, impactos de bala en paredes y puertas, por lo que cuestionó que ahora se pretenda atribuir esos daños a los manifestantes sin considerar otras versiones.

Asimismo, expresó su preocupación por la difusión de dicha investigación en un repositorio académico, debido a que podría ser utilizada como referencia en futuras investigaciones sobre los acontecimientos de enero de 2023 e incluso, según advirtió, en los procesos judiciales que involucran a policías y militares.

Cuestionan falta de respaldo político a las víctimas

Durante sus declaraciones, el presidente de la asociación también cuestionó a las organizaciones políticas y candidatos que, durante las campañas electorales, habrían utilizado las demandas de justicia de los familiares sin establecer un acercamiento efectivo con ellos.

En particular, criticó que durante las recientes audiencias públicas realizadas por representantes de Juntos por el Perú en Juliaca y Puno no se haya convocado a la asociación de víctimas, pese a que anteriormente habían presentado seis pedidos ante el Congreso de la República, entre ellos la conformación de una comisión investigadora sobre los hechos ocurridos durante las protestas.

Samillán sostuvo que, transcurridos los primeros 100 días de gestión de las actuales autoridades legislativas, no observan avances concretos respecto a los compromisos asumidos con los familiares. También cuestionó que los candidatos al Gobierno Regional de Puno, Marcelino Tonconi y Eduardo Quispe Pandia, no hayan asumido, según su conocimiento, una posición firme en defensa de las víctimas.

No obstante, manifestó que la asociación está dispuesta a dialogar con las próximas autoridades regionales para impulsar medidas de reparación y apoyo a los sobrevivientes que quedaron con discapacidades o secuelas permanentes. Entre sus propuestas también mencionó la creación de un lugar de la memoria en Juliaca, donde se conserven fotografías, testimonios y registros audiovisuales de los acontecimientos del 9 de enero y otros episodios de violencia ocurridos en la región.

Familiares denuncian revictimización

Durante la movilización, familiares de las personas fallecidas expresaron su indignación por las afirmaciones que, consideran, vuelven a responsabilizar a las víctimas de los hechos de violencia.

Una de las familiares, madre de Yamilet Aroquipa, manifestó que su hija perdió la vida cuando transitaba por inmediaciones del aeropuerto y sostuvo que no participaba en las protestas. Explicó que aquel día se desplazaban caminando hacia el centro de la ciudad para comprar alimentos, debido a que el servicio de transporte estaba restringido.

La mujer cuestionó que, después de casi cuatro años, las familias continúen exigiendo justicia y, en lugar de recibir respuestas, tengan que afrontar señalamientos que reabren el dolor por la pérdida de sus seres queridos.

Los manifestantes portaron fotografías de sus familiares fallecidos y corearon consignas como «La sangre derramada jamás será olvidada», reiterando que continuarán con sus medidas de protesta hasta que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Finalmente, Samillán anunció que la asociación evaluará las acciones legales que podría emprender frente a la investigación cuestionada y no descartó enviar una carta notarial para solicitar una rectificación. Recalcó que su protesta no responde a intereses partidarios, sino al reclamo de justicia y al rechazo de cualquier señalamiento que, desde su perspectiva, estigmatice a las víctimas de las protestas del 9 de enero.