Abogado de víctimas del 9 de enero advierte riesgos por traslado de casos al fuero policial-militar

El abogado de las víctimas de la represión del 9 de enero de 2023 en Juliaca, César Quispe Calsín, expresó su preocupación ante la posibilidad de que las investigaciones por las muertes y heridos durante las protestas sean trasladadas al fuero policial-militar, tras la aprobación de nuevas normas por el Congreso.

Quispe Calsín señaló que, aunque algunos investigados en otras partes del país ya habrían solicitado el traslado de sus procesos, hasta el momento no tienen conocimiento de pedidos similares en los casos de Juliaca, Macusani, Ilave y Juli. Indicó que, de concretarse alguna solicitud, esta debería ser comunicada por el Ministerio Público o el Poder Judicial.

Pese a estas preocupaciones, el abogado sostuvo que las investigaciones vienen avanzando y que el Ministerio Público se encuentra en la etapa de elaboración de las acusaciones fiscales. Precisó que los casos relacionados con las jornadas de protesta del 14 de diciembre, 6, 7, 9, 18 y 24 de enero, así como del 9 de febrero y 14 de marzo, son atendidos por el subsistema de Derechos Humanos de la Fiscalía de Lima.

En la región Puno, el estudio jurídico que representa Quispe Calsín lleva aproximadamente 80 casos. Solo en el caso del 9 de enero en Juliaca se contabilizan 107 personas heridas y 18 fallecidas, según precisó el abogado.

Asimismo, cuestionó los constantes cambios de fiscales adjuntos durante el proceso. Señaló que estos funcionarios habrían sido reemplazados en más de una decena de ocasiones, aunque destacó que, pese a estas dificultades, las investigaciones han continuado avanzando.

Respecto al caso de Juliaca, indicó que la acusación comprende a 19 investigados: 16 efectivos policiales y tres militares, quienes, según la investigación, formarían parte de la cadena de mando. En Macusani, en tanto, serían alrededor de 24 policías investigados, incluyendo efectivos identificados en el lugar de los hechos y vinculados al uso de armas.

El abogado también se refirió a las investigaciones contra la entonces presidenta Dina Boluarte y exintegrantes de su gabinete. Explicó que, por su condición de altos funcionarios, estos casos corresponden a la Fiscalía de la Nación y requieren el procedimiento constitucional respectivo ante el Congreso.

Quispe Calcín cuestionó que dos de las tres denuncias constitucionales presentadas hayan sido archivadas por el anterior Congreso, mientras que una permanece pendiente de pronunciamiento. Frente a ello, anunció reuniones con los nuevos parlamentarios para impulsar nuevas denuncias constitucionales y pidió que el próximo Congreso permita que las responsabilidades por las muertes ocurridas durante las protestas sean investigadas y, de corresponder, sancionadas.