Ministro de Cultura Alberto Beingolea enfrenta juicio oral por presunta colusión agravada en el Callao
La Fiscalía solicita 10 años de prisión efectiva para el titular de Cultura y dos exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao. El caso está relacionado con una contratación de asesoría legal realizada en 2019, por la que se habrían pagado S/ 30 mil.El ministro de Cultura,…

La Fiscalía solicita 10 años de prisión efectiva para el titular de Cultura y dos exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao. El caso está relacionado con una contratación de asesoría legal realizada en 2019, por la que se habrían pagado S/ 30 mil.
El ministro de Cultura, Alberto Beingolea, enfrenta desde este miércoles 4 de noviembre un juicio oral por el presunto delito de colusión agravada, relacionado con una contratación de servicios de asesoría legal realizada con el Gobierno Regional del Callao (GORE Callao) en 2019.
La audiencia está a cargo del Primer Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y comprende también a tres exfuncionarios de la entidad regional, según la información difundida sobre el proceso judicial.
El Ministerio Público solicitó 10 años de prisión efectiva para Beingolea y los exgerentes regionales Omar Romero Aquino y Carlos Palacios Meza. Asimismo, pidió nueve años de cárcel para José Izquierdo Rodríguez, quien se desempeñaba como encargado de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
¿De qué se acusa al ministro?
Según la investigación fiscal, Beingolea fue contratado entre febrero y marzo de 2019 para brindar asesoría legal a la Gerencia General Regional del Callao, mediante un servicio valorizado en aproximadamente S/ 30 mil.
La acusación sostiene que habría recibido pagos por un trabajo que presuntamente no realizó. El caso se encuentra registrado bajo el expediente judicial 1462-2021-93.
Beingolea rechaza las acusaciones
Por su parte, el ministro de Cultura rechazó los cargos y calificó el proceso como una "patraña". Sostuvo que cumplió con los requisitos establecidos para su contratación y que presentó informes documentados para acreditar los servicios profesionales que brindó.
También cuestionó el periodo de 70 días que la Fiscalía atribuye a la prestación del servicio, pues aseguró que su vínculo contractual con el Gobierno Regional del Callao se extendió durante dos años.
El juicio oral deberá evaluar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa, así como los elementos probatorios presentados, para determinar si existe responsabilidad penal de los acusados. Hasta que exista una sentencia, rige la presunción de inocencia.