Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva contra investigado por presunto ataque a integrante del 9 de enero en Juliaca

La víctima, Diego Armando Quispe Livisi, sobreviviente de los enfrentamientos del 9 de enero de 2023, sufrió una fractura mastoidea izquierda. La audiencia judicial fue reprogramada para el próximo 30 de octubre.

La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Puno solicitó nueve meses de prisión preventiva contra Darwin Roe Quispe, investigado por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, con la agravante de alevosía, en agravio de Diego Armando Quispe Livisi, sobreviviente de los enfrentamientos del 9 de enero de 2023 en Juliaca. De manera alternativa, el Ministerio Público contempla la presunta comisión del delito de lesiones graves agravadas.

Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron la mañana del 1 de abril de 2026, en la intersección de la avenida Aviación y el pasaje La Familia, cerca del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca. En ese lugar, Quispe Livisi participaba junto a otras personas en una manifestación pacífica, utilizando banderolas y megáfonos, ante la llegada del entonces candidato presidencial Rafael López Aliaga. En medio de los enfrentamientos entre manifestantes y militantes políticos, el investigado presuntamente le lanzó un fragmento de concreto directamente a la cabeza.

Los exámenes médicos practicados a la víctima determinaron que sufrió una fractura mastoidea izquierda. Asimismo, las lesiones requirieron cinco días de atención facultativa y 35 días de incapacidad médico-legal, de acuerdo con la información consignada en la investigación. Quispe Livisi fue vicepresidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero Juliaca-Puno y sobrevivió a los enfrentamientos registrados en 2023, durante los cuales recibió impactos de perdigones.

Audiencia fue reprogramada para el 30 de octubre

El requerimiento fiscal es evaluado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román, a cargo del juez José Ríos. Según informó el abogado defensor Wilmer Quiroz, la audiencia para analizar el pedido de prisión preventiva fue suspendida y continuará el próximo 30 de octubre.

Durante la primera sesión, el representante del Ministerio Público expuso los primeros presupuestos que sustentan su requerimiento. En la siguiente audiencia está previsto que desarrolle los dos presupuestos restantes, antes de que el órgano jurisdiccional evalúe los argumentos de ambas partes.

Por su parte, la defensa técnica de Darwin Roe Quispe presentó documentación con la finalidad de acreditar los arraigos domiciliario, familiar y laboral de su patrocinado. Estos elementos serán examinados por el juzgado al momento de determinar si corresponde imponer la medida coercitiva solicitada por la Fiscalía.

Víctimas del 9 de enero esperan que el caso avance

Al respecto, Raúl Samillan Sanga, presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, calificó la programación de la audiencia como un avance importante en la búsqueda de justicia para su compañero. Según manifestó, Diego Armando Quispe Livisi habría sido agredido por simpatizantes del partido político vinculado a Rafael López Aliaga durante la llegada de este último a Juliaca.

Samillan sostuvo que la víctima fue golpeada con una piedra y que también presentaba lesiones atribuidas a impactos de más de un centenar de perdigones en el cuerpo, por lo que la organización que representa presentó la denuncia correspondiente.

El dirigente consideró que el pedido de prisión preventiva constituye un paso importante para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades. Sin embargo, expresó su expectativa de que las instituciones del sistema de justicia actúen con la misma celeridad en las investigaciones por las muertes registradas durante las protestas sociales, tanto en Puno como en otras regiones del país.

Finalmente, cabe precisar que la solicitud de prisión preventiva no implica que la medida haya sido aprobada ni que el investigado haya sido declarado culpable. La decisión corresponde al órgano jurisdiccional, que deberá evaluar los fundamentos expuestos por la Fiscalía y la defensa antes de resolver el requerimiento. Mientras no exista una sentencia firme, Darwin Roe Quispe mantiene su presunción de inocencia.