Víctimas del 9 de enero condicionan diálogo con el gobierno a la derogatoria de leyes que, según denuncian, obstaculizan la justicia
El presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, Raúl Samillán Sanga, manifestó que los familiares de las víctimas están dispuestos a dialogar con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Ardillas González; sin embargo, señaló que…
El presidente de la Asociación de Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, Raúl Samillán Sanga, manifestó que los familiares de las víctimas están dispuestos a dialogar con el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Ardillas González; sin embargo, señaló que solicitarán la derogatoria de las leyes que, según indicó, limitan el acceso a la justicia y dificultan el avance de las investigaciones por los hechos ocurridos el 9 de enero de 2023.
Las declaraciones se producen luego de que el ministro expresara su disposición a reunirse con los familiares para escucharlos en un diálogo abierto y sincero. Al respecto, Samillán Sanga consideró importante que las autoridades finalmente atiendan sus demandas, pero advirtió que no se puede hablar de voluntad de justicia mientras permanezcan vigentes normas que, según denunció, afectan el trabajo de los abogados y podrían propiciar que las investigaciones pasen al fuero militar.
El dirigente también cuestionó la falta de atención a las necesidades de las familias afectadas. Indicó que, después de más de tres años de los sucesos, los huérfanos continúan sin recibir la atención necesaria en salud y que algunas familias incluso habrían tenido que vender sus propiedades para cubrir sus necesidades básicas. En ese sentido, sostuvo que el diálogo debe traducirse en medidas concretas para atender a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia.
Finalmente, Samillán Sanga precisó que la eventual reunión aún debe ser evaluada con las bases y la junta directiva de la organización nacional de víctimas, debido a que su representación no se limita a Juliaca, sino que comprende a familiares de otras regiones del país. Tras esa coordinación, podrían solicitar una reunión en Lima para exponer sus demandas de manera conjunta ante el Gobierno.