Cámara de Diputados aprueba derogar la Ley Soto y la Ley de extinción de dominio

La derogación de la Ley N.° 32104 fue aprobada con 77 votos a favor y 25 abstenciones, mientras que la Ley de extinción de dominio obtuvo 66 votos a favor y 36 abstenciones. Durante el debate, legisladores cuestionaron los efectos de ambas normas.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó derogar la Ley N.° 32104, conocida como Ley Soto, y la Ley de extinción de dominio. La primera iniciativa obtuvo 77 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones; mientras que la segunda fue aprobada con 66 votos a favor, cero en contra y 36 abstenciones.

En el caso de la denominada Ley Soto, el dictamen en mayoría plantea modificar la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal, con el objetivo de establecer un límite proporcional. La legislación vigente había fijado en un año como máximo el periodo de suspensión de la prescripción.

Durante el debate, la legisladora Indira Huilca, de la bancada Ahora Nación, cuestionó los efectos de esta norma y sostuvo que habría favorecido a diversos políticos al limitar el tiempo disponible para las investigaciones penales.

"Estamos hablando de leyes pro crimen porque se ha debilitado la capacidad del Estado para perseguir el crimen que azota el país", manifestó Huilca. También cuestionó que el plazo máximo de un año se aplique tanto a investigaciones por delitos menores como a casos de criminalidad organizada.

Por su parte, Ernesto Zunini consideró necesaria la aprobación de la iniciativa con carácter de urgencia, debido al contexto de inseguridad ciudadana. Durante su intervención, afirmó que la norma nunca debió promulgarse y cuestionó que no haya sido consultada a la población peruana.

Zunini también sostuvo que la disposición establecía un plazo perentorio de un año para que el Ministerio Público desarrollara sus investigaciones, pese a la carga procesal que enfrenta esta institución.

La aprobación de ambas derogaciones se produjo en medio de cuestionamientos sobre los efectos de estas normas en la persecución penal y las herramientas legales del Estado. Sin embargo, la información proporcionada no precisa los siguientes pasos para que las derogaciones entren en vigencia.